Editorial

El desafío de coordinar los intereses económicos y productivos, es decir, mayor crecimiento, mayor inversión y mayor productividad, con los de las personas (más libertad en el trabajo, más seguridad mediante el trabajo, más bienestar) es una tarea política. Esto, principalmente, porque la obtención de ganancias por parte de los empleados tiene que ser compatible con que las personas logren su bienestar.

El costo laboral puede enfocarse también de otra forma: como una vinculación entre la ganancia de las empresas y el mejoramiento del bienestar social y como un derecho de los trabajadores para tener distintas opciones y oportunidades en el trabajo.

El empleado tiene, por ley, distintos tipos de previsiones para garantizar, de cierta forma, su trabajo, salud y dinero. Seguro de cesantía, ISAPRE o FONASA y AFP, respectivamente. Estas son descontadas de su sueldo en distintos porcentajes y si bien son vistas como algo que perjudica a los trabajadores, los beneficios obtenidos superan con creces el gasto asumido.

A esto hay que agregarle costos laborales que no forman parte del contrato del trabajador. Estos pueden ser: jornadas deportivas, asados en los que se incluye a la familia de los empleados o cierto tipo de regalías y bonos por objetivos cumplidos, por citar algunos ejemplos. Todo esto no tiene que ver con ningún tipo de requerimiento legal, responde solamente a un costo laboral que asumen los empleadores y que beneficia al trabajador desde un punto de vista humano.